En el contexto actual en el que nos encontramos, y desde nuestra experiencia de intervención directa con personas que mayoritariamente han realizado procesos migratorios, observamos que desde que finalizó el Estado de Alarma por la pandemia, se ha producido un deterioro de su situación a varios niveles, así como repetidas vulneraciones de sus derechos.
Desde el punto de vista del Derecho a la Salud, continuamos detectando barreras de acceso al sistema sanitario público tanto de personas adultas como de menores nacionales de países tanto de la Unión Europea como de países extra comunitarios. En este sentido, son destacables los casos de facturaciones de atenciones desde el servicio de urgencias, así como otros casos en los cuales, aun existiendo problemas de salud crónicos, permanecen sin tratamiento ni seguimiento sanitario debido a diversas barreras.
Entre las principales barreras que detectamos, destacamos la dificultad para demostrar el tiempo de estancia en España y en nuestra comunidad autónoma, siendo obligatorio en la Comunidad Autónoma que las personas se encuentren empadronadas para acceder al sistema sanitario. Desde nuestra experiencia, acceder al empadronamiento para muchas de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad es una gran barrera. A ello se suma el desconocimiento del derecho a la atención sanitaria, el miedo ante consecuencias administrativas o de otra índole, barreras lingüísticas, etc.
En cuanto al aspecto económico y laboral, estamos detectando una mayor vulnerabilidad debido a la pérdida de puestos de trabajo y a la precarización de los empleos existentes. Lo que conlleva una disminución de los ingresos de la unidad familiar y, en situaciones más extremas, la pérdida de la vivienda y la dificultad para la activación de ayudas económicas de emergencia, así como de alojamiento alternativo.
Todo ello está poniendo de manifiesto la gran saturación de sistema de servicios sociales públicos -tanto básicos como específicos- y la insuficiencia de plazas de alojamiento tanto de personas solas como de unidades familiares.
Toda esta situación está afectando a la salud mental y emocional de la población, considerando prioritario dar respuesta a las mismas desde las diferentes titularidades.
Desde el punto de vista del derecho a la salud, en Castilla y León continuamos detectando barreras de acceso al sistema sanitario público, tanto de personas adultas como de menores nacionales de países de la Unión Europea y extracomunitarios. Esta situación está afectando a la salud de la población, por lo que consideramos prioritario darle respuesta desde las diferentes titularidades.