Lamentamos la oportunidad perdida de llevar al Congreso el debate sobre el abolicionismo

Médicos del Mundo España se reivindica como una organización feminista y abolicionista. Consideramos que la prostitución es una forma de violencia de género en sí misma que debe ser prevenida y abordada por las instituciones públicas y que no puede ser normalizada o tolerada socialmente en un sistema democrático comprometido con los derechos humanos y la igualdad de género.

Desde este posicionamiento, pensamos que la votación que tuvo lugar ayer en el pleno del Congreso de los Diputados con respecto a la Proposición de Ley para prohibir toda forma de proxenetismo supone una oportunidad perdida para seguir abriendo debates necesarios en nuestra sociedad y avanzar hacia la abolición de la prostitución y toda forma de explotación sexual de mujeres y niñas.

Creemos necesario seguir trabajando para desincentivar la demanda del consumo de sexo por dinero, situando el foco en los prostituidores, reduciendo la tolerancia social hacia la prostitución y ajustando las políticas penalizadoras en función del potencial riesgo para la vida, la salud y el bienestar de las mujeres.

Creemos que hay que priorizar la puesta en marcha de alternativas socioeconómicas reales, viables y dignas para favorecer la salida del sistema prostitucional, como representa el plan de inserción sociolaboral que estamos ejecutando y la necesaria regularización administrativa de las mujeres migrantes.

Creemos imprescindible garantizar la no criminalización ni persecución de las mujeres en situación de prostitución, a través, fundamentalmente, de la necesaria reforma de la llamada ‘Ley Mordaza’ y de varias ordenanzas municipales en vigor, y llamamos la atención sobre cualquier medida que pueda tener como efecto (directo o indirecto) la profundización de las condiciones de vulnerabilidad de estas mujeres.

Defendemos firmemente la necesidad de que el Congreso no rehúya el debate y apruebe una legislación abolicionista integral, a partir de los enfoques de género, derechos humanos e interseccionalidad, que proteja y garantice los derechos de las supervivientes y ponga su bienestar en el centro de las políticas públicas.