Masacre de Melilla: un año sin justicia, un año de impunidad

Se cumple un año de la masacre de Melilla, «la más grave de los últimos tiempos” perpetrada en suelo europeo, de acuerdo con la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, como también sostienen el movimiento antirracista y múltiples organizaciones de derechos humanos en el Estado español, organismos internacionales y relatores especiales de Naciones Unidas. A pesar de ello, el Gobierno del Estado español ha incumplido sistemáticamente su deber de debida diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades, promover la rendición de cuentas y reparar el daño.

Los crímenes de derecho internacional perpetrados el 24 de junio de 2022 por agentes estatales de España y Marruecos no pueden ser calificados como una tragedia. Se trata de la actuación coordinada entre dos gobiernos que derivó en una masacre. Es una masacre que, como la de Tarajal y otras que la antecedieron, demuestra el carácter racial y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión Europea y ejecutadas por los estados miembros, así como por terceros países subcontratados con el objetivo de dificultar la movilidad internacional del Sur al Norte global y de ejecutar el expolio de bienes y recursos del Sur por parte del Norte.

El 24 de junio de 2022, las autoridades policiales realizaron en Melilla cientos de devoluciones sumarias y colectivas calificadas como ilegales por el Defensor del Pueblo y por la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, puesto que no cumplieron con los estándares del debido proceso, eliminando para las personas refugiadas la posibilidad de solicitar asilo. Un año después de la masacre de Melilla ninguno de los responsables ha sido investigado y todos gozan de la más absoluta impunidad. Por un lado, la comisión de investigación parlamentaria fue obstaculizada en sucesivas ocasiones. Por otro lado, a pesar del anuncio de la Fiscalía General del Estado de que investigaría los hechos, el 23 diciembre de 2022, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez archivó las diligencias de investigación sin exigir una investigación judicial. Un año después, las víctimas continúan sin acceder a su derecho a la justicia y las familias no han encontrado, identificado ni enterrado a sus muertos. Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes llamamos a concentrarnos el 24 de junio y exigimos:

• Que se reabra el caso del 24 junio 2022 en Melilla, mediante una investigación independiente, depurando las responsabilidades de las muertes y desapariciones e implementando medidas para que este tipo de masacre no se vuelva a repetir.
• Poner a disposición inmediata de las familias todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como para la identificación y recuperación de los restos de las víctimas mortales
• Acabar con la violenta cadena de deportaciones en caliente contrarias al derecho internacional.
• Reconocer y respetar el derecho a migrar, como estrategia de resistencia y reparación ante políticas coloniales de expolio.
• Vías legales y seguras, para que nadie pierda su vida por migrar y evitar la explotación, la trata y el tráfico de personas.
• El cese del racismo, abuso de autoridad y violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Melilla y resto del Estado español.
• La abolición de la Ley y el Reglamento de Extranjería y el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), y otras estructuras de detención y contención.
• Suspender los acuerdos de deportación con terceros países: Marruecos, Senegal , Afganistán, Libia, Turquía… La externalización de fronteras beneficia a gobiernos corruptos que violan los DDHH y a las mafias en connivencia.