Día Mundial del Refugiado: carrera de obstáculos para acceder a la sanidad en España

Mauricio, de 54 años, llegó a Madrid desde Perú para solicitar asilo. Tuvo que esperar cuatro meses para su primera cita, en la que manifestó su voluntad de pedir protección internacional y, a partir de ahí, pasaron cinco meses hasta que obtuvo la tarjeta blanca que reconoce su estatus. Como Mauricio vive en Madrid, el siguiente paso era acudir a una Unidad de Tramitación para solicitar la tarjeta sanitaria y, como están saturadas, tuvo que esperar tres meses más para la cita y después varios meses hasta que se haga oficial su derecho a acceder a la atención sanitaria. Aunque Mauricio hizo todos los trámites en plazo y de manera correcta, Las trabas burocráticas lo tuvieron por más de 15 meses sin cobertura sanitaria y sigue en riesgo de perderla cuando caduque su tarjeta blanca.

Muchas personas refugiadas o solicitantes de asilo se encuentran con un muro cuando buscan ejercer su derecho a la atención sanitaria en España. El caso de Mauricio es uno de los que recoge el Informe de barreras al sistema nacional de salud en poblaciones vulnerabilizadas, de Médicos del Mundo, que contabiliza al menos 389 casos de personas solicitantes de asilo que han sido excluidas de la atención sanitaria, aunque legalmente se les reconoce como un colectivo especialmente vulnerable.

El informe de Médicos del Mundo apunta a que la saturación del sistema de asilo en España lleva años ocasionando largos retrasos que le impiden a las personas ver reconocida su situación o, incluso si lo consiguen, ver cómo su tarjeta de solicitante de asilo caduca al poco de haber conseguido la cobertura sanitaria, lo que les deja en estado de desprotección.

¿Está reconocido el derecho a la atención sanitaria de las personas refugiadas?

Incluso en la reforma que se hizo con el RDL 16/2012, cuando se impuso la exclusión sanitaria de miles de personas en España al vincular la atención médica al hecho de cotizar en la Seguridad Social, se mantuvo la protección a personas solicitantes de asilo y víctimas de trata. Además, La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo, determina en el artículo 16.2 que “Para su ejercicio, los solicitantes de protección internacional tendrán derecho a asistencia sanitaria y a asistencia jurídica gratuita, que se extenderá a la formalización de la solicitud y a toda la tramitación del procedimiento”, de manera que queda claro que el único requisito para acceder al derecho a la asistencia sanitaria es la manifestación de la voluntad de solicitar protección internacional.

Es por eso que condicionar el acceso a la sanidad a una cita que toma varios meses, incluso cuando la persona ya lleva suficiente tiempo en España y la normativa contempla “un plazo máximo de un mes” que se ha visto eternizado por el colapso del sistema, es contrario a la ley y al derecho de las personas solicitantes de asilo.

Hay casos urgentes como el de Marcela, una mujer colombiana de 36 años que vive con VIH, y tuvo que huir hacia Galicia. Cuando acudió a su centro de salud para tramitar la tarjeta sanitaria y poder acceder al tratamiento antirretroviral que necesita le dijeron que no tenía derecho y le dieron una tarjeta sanitaria solo para tres meses, por lo que está intentando conseguir una cita para tramitar el NIE y solicitar el asilo contrarreloj: “con su actitud despótica me sentía atacada, maltratada. Yo estoy aquí por necesidad, no por gusto”.

¿Cómo se puede garantizar el acceso a la salud de las personas refugiadas?

Es urgente reforzar la Oficina de Asilo y Refugio con los recursos necesarios para rescatarla de colapso y poner fin a los continuos retrasos en la concesión de citas que pueden dilatar durante meses y meses el acceso al sistema sanitario que está garantizado como un derecho de la población vulnerables.

Además, es importante honrar el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos desde la primera manifestación de voluntad de solicitar protección internacional, en lugar de forzar la espera a que obtengan la tarjeta blanca y, en el caso de Madrid, alargar los plazos con un proceso distinto al de cualquier persona que tramita su tarjeta sanitaria en su centro de salud.