Valoramos como muy positivo el anuncio del Gobierno de otorgar protección a mujeres en prostitución

Además, aplaudimos las medidas específicas para las víctimas de trata, que esperamos que permitan facilitar las labores para su detección, identificación y apoyo. Resulta interesante que se identifique específicamente la vía de los servicios de migración y asilo como cauce para detectar posibles víctimas de trata, aunque aún es necesario conocer de qué manera se prevé reforzar ese cauce.

Desde la declaración del estado de alarma por la COVID-19, las personas prostituidas están asumiendo el pago de los pisos o habitaciones de los clubs donde permanecen confinadas. En el caso de las víctimas de trata, con el agravamiento de la deuda contraída con sus tratantes y el riesgo a ser expulsadas a la calle por estos, sin redes familiares o sociales de apoyo. Para todas estas mujeres, el Ingreso Mínimo Vital pendiente de aprobación será un salvavidas importante que contribuirá a paliar la situación en la que se encuentran.

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También es positiva la llamada a movilizar los recursos habitacionales destinados a uso turístico para atender la necesidad de vivienda de las más vulnerables, aunque sería deseable que fuera unida a políticas públicas que faciliten oportunidades socio-laborales para que las mujeres prostituidas encuentren vías de salida a su situación.

También valoramos positivamente que se apueste por reforzar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las ONG especializadas que llevamos años trabajando con mujeres en contextos de prostitución. Ahora bien, esa colaboración deberá realizarse siempre priorizando la protección de las víctimas.

Desde Médicos del Mundo, confiamos en que las medidas previstas en esta ampliación del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género vengan acompañadas de un refuerzo los recursos públicos -económicos y humanos- para fortalecer el sistema de servicios sociales en todos los territorios. Es importante que el Estado no delegue responsabilidades ni sobre las ONG ni ningún actor privado en lo que se refiere a la protección de todos los derechos humanos, incluidos los derechos sociales.

Finalmente, proponemos la tramitación de tarjetas sanitarias a todas las personas que viven en España (sin exigir un tiempo mínimo de estancia) a fin de garantizar el debido seguimiento en caso de enfermedad, así como el acceso a la prestación farmacéutica con cargo a la financiación pública en igualdad de condiciones que la población autóctona.

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Igualmente recomendamos que se provean sistemas de traducción e interpretación suficientes a los servicios de atención sanitaria telefónica para asegurar que las dificultades idiomáticas no devengan en barreras insalvables.